principio de obligatoriedad penalprincipio de obligatoriedad penal

2. v.t. Sáez, Jorge (2007): "Controles judiciales en los procedimientos convencionales", Revista procesal penal, Nº 55: pp. Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia (Santiago, Librotecnia, segunda edición). ROL DEL OFENDIDO EN EL CONTROL JUDICIAL DE LEGALIDAD. Ministerio Público con Vergara(2006): Juzgado de Garantía de Puerto Montt, RUC Nº 0600479969-9, de 12 de julio del año 2006. En lo que respecta a esta hipótesis, el acusador particular no puede ya oponerse a la celebración del procedimiento abreviado, atendido que el artículo 408 del CPP exige que, como consecuencia de la distinta calificación que sostiene esa parte, la pena solicitada supere el límite de 5 años de presidio o reclusión menores señalado en el artículo 406. El Juzgado de Garantía acepta el procedimiento abreviado, no obstante que en el fallo califica los hechos como robo con violencia41. Este extremo fue agregado en el Senado, junto con la prohibición de que la sentencia condenatoria se emita exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del imputado, prohibición que el Proyecto de CPP tampoco contemplaba. 349-383. Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T.I). 15 Segundo Informe de la Comisión de del Senado. De otro modo, se incentivaría al MP a abultar los hechos de la acusación, no obstante saber que se carecerá de prueba para acreditarlos en el juicio oral, con el único objeto de autogenerarse un margen para regatear con el imputado, quien renunciaría inútilmente al juicio oral, pues ante la falta de prueba solo se habría acreditado en dicha instancia el mismo suceso que se terminó aceptando en el juicio abreviado20. Parte General (trad. 203-215. IV. ABSTRACT: This article states that the national regulation does not take into account, in respect of procedures based on self-incrimination, suitable procedural controls on the mandatory exercise of penal action according to the substantive law that should boost the prosecution by law, leaving as a result, multiple, large and important spaces to abandonment or degradation of its exercise of discretion, thus reversing the original model of procedural coding, as displaces in the forensic field, the discretion as to the binding rule in criminal prosecution. WebA. Blanco con Arguedas (2012): Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1200462700-6, de 27.07.2012. DOI: 10.4067/S0718-68512013000100020 Corpus ID: 129904680; Sistema acusatorio de justicia penal y principio de obligatoriedad de la acción penal. Principio de culpabilidad. 58 Sobre la infracción de la garantía procesal de la estricta jurisdiccionalidad mediante estas prácticas, v. Del Río (2009b) pp. Ministerio Público con Espina(2013): Juzgado de Garantía de Melipilla, RUC Nº 1200043071-2, de 23 de enero del año 2013. Ministerio Público con Ardiles (2012): Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1100172703-8, de 4 de enero del año 2012. La Reforma del Proceso Penal. Lo anterior se intentó en Ministerio Público con Werner (2006), se rechaza el procedimiento abreviado solicitado por las partes, por estimar que la aplicación del artículo 351 del CPP conducía a elevar la pena en dos grados, y no en uno como planteaba el MP en su acusación, superándose con ello en el caso en comento el límite máximo que tolera el procedimiento abreviado. Algunas de las prácticas que revisaremos han sido respaldadas, con diferencias, por buena parte de nuestra doctrina, v. Oberg (2000) p. 162; Mera (2004) pp. Si se admitiera como objeto del procedimiento abreviado a hechos comprendidos en la acusación particular, mas no en la acusación fiscal y, por tanto, no aceptados por el imputado, se vulnerarían los artículos 1° –que reconoce el derecho a un juicio oral– y 406 del CPP –que establece como presupuesto del procedimiento abreviado la expresa aceptación del imputado de los hechos materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación que la fundaren–, preceptos que suponen necesariamente la voluntaria renuncia del acusado a defenderse de los cargos en el juicio oral como esencial justificación de su legitimidad73. Y situados en este contexto, pareciera que lo reflexionado permitiría concluir que si el legislador autoriza al MP, no obstante encontrarse ya agotada y cerrada la investigación y presentada una acusación respetuosa del principio de objetividad, a modificar esta más allá de las secuelas de la incorporación de la mitigante del artículo 11 Nº 9 del CP, esa modificación obedecerá al resultado de una alteración paccionada de los hechos principales o accesorios acreditados durante la investigación y/o de su calificación jurídica23. 39 Igualmente patente es lo discrecional del cambio de calificación en la Ministerio Público con Muñoz (2007). Respecto del examen de suficiencia de los antecedentes investigativos reunidos por el MP, despejemos que para llevarse a efecto, necesariamente demandará su exposición en forma previa al juicio propiamente tal, la que usualmente se realiza ya sea motu proprio por el MP, o a indicación del Juzgado de Garantía, para cumplir con otro de los presupuestos de admisibilidad de este procedimiento, esto es, que el acusado acepte los antecedentes de la investigación que fundan la acusación –lo que requiere por cierto su conocimiento–, de lo cual la mejor forma de cerciorarse fehacientemente por la autoridad judicial, es exigir que dicha presentación se realice en la propia audiencia en forma oral61. Goldstein, Abraham (1981) The passive judiciary. 1003 - 1033 [2015] el principio de obligatoriedad en el ejercicio de la acciÓn penal en los … De Diego, Luis Alfredo (1997): La conformidad del acusado (Valencia, Tirant lo Blanch). La noción fuente de derecho puede definirse como el procedimiento a través del cual se produce, … Ministerio Público con Pardo (2012): Juzgado de Garantía de Coquimbo RUC Nº 0800655654-0, de 29 de mayo del año 2012. WebLa validez que tiene la ley penal desde que surge su obligatoriedad a raíz de su publicación hasta su derogación o abrogación. Al no haber sido aceptados por el acusado estos antecedentes, no pueden transformarse válidamente en medios probatorios que sirvan para fundar la sentencia condenatoria, pues deberán entonces someterse al debate y escrutinio oral y contradictorio propio del juicio oral, según prescriben los artículos 295 y 296 del CPP. 2. Sobre el rol de la víctima y el querellante en el procedimiento simplificado, v. Letelier con Rencoret (2010) y Ministerio Público con Yáñez (2005). En esta materia la doctrina ha entendido principalmente que la modificación de la acusación puede consistir en la retirada de hechos –v.gr. Por otro lado, salvo expresa aceptación del imputado de los hechos de la acusación particular que excedan a la fiscal, así como de los antecedentes que fundan estos hechos distintos –conforme se explicó arriba–, aquellos no podrán ser objeto del procedimiento abreviado. Además, la doctrina no es conteste sobre la posibilidad de llevarlo a cabo ante el vacío legal, así Maturana junto a Montero68, además de Salas69 concuerdan en que no existe control jurisdiccional de ningún tipo respecto del requerimiento del Fiscal, mientras que Horvitz70 y Chahuán71 estiman que el MP debe atenerse al principio de legalidad y objetividad, de manera que si este solicita la aplicación de una pena inferior a la que corresponde según la ley y las circunstancias del caso, el juez debiera rechazar el requerimiento sobre la base de la no concurrencia, en el caso concreto, del presupuesto de aplicación del procedimiento simplificado, ya que "la pena concreta requerida solo puede serlo la que corresponda conforme a la ley". 13 Becker (2009). Parte general (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, segunda edición). A los mismos reparos se expone una persecución que no se apega a la ley sustantiva al momento de subsumir los hechos sometidos a enjuiciamiento, si en el ejercicio de la acción penal el legislador no ha dotado al MP de discrecionalidad para postular la calificación jurídica del hecho. Abalos con Rencoret (2010): 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC Nº 1000764947-4. 78 Horvitz (2005) T. II, pp. En este punto hoy la doctrina predominantemente estima como facultativas para el juez tanto la rebaja de la pena como el monto de ella51, no obstante lo cual, encontramos ejemplos de tal anticipación, como en la sentencia del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1100172703-8, de 4 de enero de 2012, en la que se deja constancia que respecto del delito de robo en lugar habitado, y concurriendo dos mitigantes (artículo 11 Nº 7 y 9 del CP), el MP solicita una pena de 541 días de presidio, es decir, dos grados bajo el mínimo, sanción que en definitiva impone el Juzgado de Garantía escudándose en la limitación que le significa la norma del artículo 412 del CPP52. Parte General (Santiago, LexisNexis, T.I). Hernández con Alarcón (2012): Juzgado de Letras, Garantías y Familia de Quirihue; RUC Nº 1200243839-7, de 16 de noviembre del año 2012. Por otra parte, por esa vía se potencia aún más la intervención del querellante en el proceso como factor para controlar y moderar los excesos en que incurre el MP en las negociaciones con el imputado y su defensa. Nº 34: pp. Cuestiones y Casos (Santiago, Editorial Jurídica de Chile). Una anómala e inversa modalidad de anticipación con los efectos ya relatados, podría darse mediante un pacto entre MP e imputado que limite la exasperación de la pena resultante de la aplicación de las normas de acumulación jurídica del artículo 351 del CPP, supuesto en el que el MP interesa la irrogación de una pena elevada solo en un grado, y no en dos como autoriza la norma precitada, limitando luego al tribunal si este considera que el aumento debió haber sido mayor. Valencia con Abarca (2006): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 931-2006, de 9 de junio del año 2006. En la segunda situación a examinar enunciada al comienzo de este apartado, también se produce una modificación de la calificación jurídica de los hechos de la acusación inicial –los que se mantienen intactos–, pero específicamente mediante una degradación delictiva, esto es, desplazando la calificación hacia un tipo menos grave, pero casi siempre homogéneo40. Roxin (2000) p. 89, y Montero (2013) p. 29. 26 Segundo Informe de la Comisión del Senado. 167-183. Ministerio Público con Ferrada (2013): Juzgado de Garantía de Linares, RUC Nº 1200229891-9, de 23 de enero del año 2013. Palabras clave: Discrecionalidad, principio de obligatoriedad, proceso penal. Tal sería el caso de la retirada del actuar sorpresivo en la sustracción de una especie portada por el ofendido, de manera de transitar del delito de robo por sorpresa al hurto, o la omisión del porte de arma de fuego en el delito de robo en lugar habitado, que agravaría sustancialmente la pena de este. La conformidad en el Proceso Penal Español (Barcelona, Cedecs, primera edición). Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T. II, tercera edición). Academia.edu no longer supports Internet Explorer. En cuanto a ambos tipos de consenso, recaídos sobre el rito procedimental y sobre el mérito fáctico y jurídico del proceso, Del Río7 sentencia que dentro del ordenamiento chileno no cabe admitir sino una aplicación del principio de consenso de las partes respecto del primero, pero no sobre este último, salvo de manera restringidísima en cuanto haya reconocimiento legal de efectos limitadores del marco punitivo, puntualizando más tarde el mismo autor8 que podría darse cabida a formas de consenso razonables, tasadas y controladas que no comprometan la esencia de la jurisdicción. Esta visión restrictiva sobre el alcance de los consensos que pueden lograrse al interior del proceso penal, concuerda con el Mensaje con que se acompañó el Proyecto de CPP, al señalarse ahí que "se propone la creación de algunos procedimientos simplificados en que por la vía de acuerdos entre todos los intervinientes o de algunos de ellos, se supriman etapas del curso ordinario del procedimiento de modo que se permita alcanzar una solución rápida del caso por medio de una sentencia definitiva, siempre que ello resulte posible sin vulnerar los valores que el sistema busca proteger". Este hecho lo calificó el MP como delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, solicitando la pena de 300 días de presidio menor y multa de 2 UTM, además de la suspensión de licencia de conducir por el término de 1 año. 62 Sobre esta asimétrica posición entre las partes que negocian en el proceso penal, y cómo esta se opone a una visión de la administración de justicia basada en la racionalidad del mercado que abraza la ideología de laissez-faire, v. Damaska (2010) pp. ... La misma tendr que ser desplegada por el Ente fiscal, encargado del … Asimismo, aun cuando nuestra doctrina está conteste en que es discrecional y privativo del tribunal la determinación de la pena concreta dentro del grado54 conforme prescribe el artículo 69 del CP, tampoco podría objetarse que el MP en su acusación o requerimiento pida una pena concreta (por ejemplo, 61 días de presidio) y no el grado resultante de las normas de determinación de pena (siguiendo el ejemplo anterior, presidio menor en su grado mínimo). Es decir, se modifican los hechos, pasando de la conducta de conducir el vehículo a aprestarse a conducirlo, con la consiguiente rebaja de penalidad dispuesta en el artículo 182, inciso final, de la Ley Nº 18.29035. Experiencias de derecho comparado (Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca). Ley Nº 20.074, de 14 de noviembre de 2005, modifica los Códigos Procesal Penal y Penal. Sobre el exigente examen de admisibilidad requerido por la doctrina argentina para la procedencia del juicio abreviado, v. Cafferata (2000) pp. Rudnick, Carolina (2007): La compensación racional de circunstancias modificatorias en la determinación judicial de la pena (Santiago, LexisNexis, segunda edición). 290-291. Vásquez con Acuña (2012): Juzgado de Garantía de Curacaví, RUC Nº 1101256974-4, de 27 de noviembre del año 2012. EL PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA AUTOINCRIMINACIÓN, THE PRINCIPLE OF MANDATORY CRIMINAL PROSECUTION IN RESPECT OF PROCEDURES BASED ON SELF-INCRIMINATION. retirada del actuar sorpresivo en la sustracción– cuando, por la insuficiencia de antecedentes de investigación se vislumbra como improbable probar en el juicio el hecho punible tal como se plantea en la acusación16. Estos hechos fueron bien calificados en la acusación del MP como delito de robo con intimidación, solicitando la imposición de una pena de 10 años de presidio. Tavolari, Raúl (2005): Instituciones del Nuevo Proceso Penal. WebEl principio de la universalidad. 480-481. Ministerio Público con Mejías (2010): Juzgado de Garantía de Linares, RUC Nº 0700267260-4, de 26 de diciembre del año 2010. You can download the paper by clicking the button above. WebCon el principio de obligatoriedad el MP se somete exclusivamente a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el … Aun cuando el primer veto pareciera solo consistir en no superar la cuantía de la pena pretendida por el Fiscal, debe observarse igualmente, en analogía in bonam partem, el artículo 412 antes citado, que extiende esta proscripción a las penas más desfavorables, mayor cobertura que adquirirá importancia respecto a delitos con sanciones alternativas de diversa naturaleza. Tiene como caracteristica que es: Exclusiva: Quiere decir que solo la ley penal define delitos y establece penas. Herrera con Romero (2006): Corte de Apelaciones de Valparaíso, ROL Nº 03-2006, de 6 de febrero del año 2006. Maier, Julio (1989): Derecho Procesal Penal Argentino (Buenos Aires, Hammurabi, T. I, vol. Para aceptar la solicitud de procedimiento abreviado, el tribunal debe verificar las siguientes condiciones: a) que los antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder de conformidad a las normas de este procedimiento; b) la pena solicitada por el Fiscal no sea superior a 5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza; c) el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente; y d) de haberse opuesto el querellante al procedimiento abreviado, no considerare esta oposición fundada. En una posición intermedia, Sáez72 sostiene que el Fiscal debe explicar, cómo es posible, conforme a la ley, imponer la pena que para el evento de admisión de responsabilidad solicita, lo que en muchos casos le obligará a recalificar el delito, reformular los hechos, incorporar atenuantes o desechar agravantes, etc., agregando que todas esas modificaciones se harían para no ignorar "el principio de legalidad". 297-305. Ejemplo de actualización de la facultad del querellante mencionada puede advertirse en la causa RUC Nº 0500672825-3, del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual el MP acusó por el delito de lesiones graves gravísimas, e invocó dos mitigantes, solicitando una pena de 3 años y un día de presidio. En esto, la doctrina nacional está a la par de la foránea, la cual destaca que aun cuando un sistema permita cualquier modalidad de justicia negociada, solo debe permitirse el acceso a esta cuando el órgano jurisdiccional haya determinado, en primer lugar, la existencia de indicios racionales que permitan ejercer la acción penal65. Ministerio Público con Caris (2013): RUC Nº 1300096777-1, de 27 de enero del año 2013. Mera Figueroa, Jorge (2004): "Discrecionalidad del Ministerio Público, calificación jurídica y control judicial", en Informe de Investigación Nº 1 al 15, 1999-2003 (Santiago, Centro de Investigaciones Jurídicas. Conviene primero resaltar, por cuanto es ordinariamente pasado por alto en el análisis de esta materia, que el legislador reserva la aplicación del procedimiento abreviado solo para conocer y fallar, "los hechos respecto de los cuales el fiscal" requiriere la imposición de una pena, comprendiendo los hechos que fueren objeto de la acusación del querellante solo en cuanto estos no excedan aquellos, y siempre que fueren abarcados por la formalización de la investigación, de conformidad al artículo 261 letra a) del CPP. Control judicial de admisibilidad en el juicio abreviado y en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. c) Tercer supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a hechos distintos de la acusación del MP –pero comprendidos en la formalización–, que conllevan una calificación jurídica de los hechos, atribuir una forma de participación, o la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. Falcone, Diego (2005): "La absolución en el procedimiento abreviado", Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXVI: pp. To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser. Definición de Obligatoriedad Una aproximación a Obligatoriedad podría ser la siguiente: Calidad de obligatorio de un mandato, orden o disposición de un … Van Weezel, Álex (2001): "Determinación de la Pena Exacta: El Artículo 69 del Código Penal", Ius et Praxis, Año 7, Nº 2: pp. En cambio, cuando un país tiene un sistema procesal débil, se ve abocado a dar por bueno cualquier tipo de acuerdo extraprocesal con tal de evitar ir a juicio10. Ministerio Público con Sivoli (2006): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 1.083-2006, de 6 de julio del año 2006. Desde el delito de daños calificado a simple, v. Torres con Ossandón (2011), y del delito a la falta de daños, v. Cifuentes con Yáñez (2012). En este y otros casos ya vistos y que se verán luego, la pretensión punitiva suele quedar reducida a menos de un diez por ciento de la primitiva, movimiento pendular que, con aguda razón es cuestionado por Del Río36, tanto porque la variedad y heterogeneidad de la práctica demuestra que no se obedece a ningún criterio racional y preestablecido, sino a la pura utilidad del caso a caso guidada por el fin de provocar el consenso, y por otra parte, en atención a que las aceptaciones obtenidas con ofrecimientos de rebajas punitivas como las comentadas no pueden considerarse voluntarias. Web¿Cuáles son los principios que imponen la obligatoriedad de motivar una sentencia judicial? 42 n º 3, pp. Revista de Derecho Vol. INSUFICIENCIA DE LAS MODALIDADES DE RETRIBUCIÓN ANALIZADAS. (2013): Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal (Barcelona, Bosch). Rol del ofendido para activar el control judicial de legalidad en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. Es un principio definitorio del proceso penal. 15 de Diciembre de 2015 16331. En lo que nos interesa, si la bajada de material fáctico de la acusación –ya sea en relación a la primera acusación o a la formalización de la investigación17–, obedece auténticamente a una tardía advertencia por el Fiscal de la debilidad de los antecedentes reunidos para acreditarlo, sin duda que tal actuación se ajusta al principio de objetividad que rige su actividad y aun sin la autorización del artículo 407 en comento, podría haberse ejecutado. 36 Del Río (2009b) pp. 67 Este parecer ha sido defendido por Tavolari (2005) p. 242, para quien, la pena pedida, en cuanto constituye el elemento determinante del procedimiento a seguir, es vinculante para los jueces. Hassemer, Winfried (1984): Fundamentos del Derecho Penal (trad. Para que la morigeración de la sanción postulada por el Fiscal sea un real incentivo que provoque o induzca la renuncia del imputado al juicio oral, es que ambos procedimientos en análisis contemplan un tipo de vinculatio poena, que impide al tribunal sancionar en forma más gravosa que la postulada por el MP. Entre muchos casos en que se plantea tempranamente por el MP una disminución de la multa que obsta su fijación por el tribunal, podemos citar la sentencia del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1001051563-2, de 6 de diciembre de 2011, donde consta que por el delito de receptación objeto del requerimiento se pide por el MP una multa de 1 UTM, en circunstancias que el mínimo legal es de 5 UTM50. Atabales con Arce (2007): Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 997-2007, de 24 de mayo del año 2007. El abandono de hechos agravantes (existentes) o la inclusión de atenuantes (inexistentes)42. 64 Entre otros, Cerda y Hermosilla (2003) p. 46; Horvitz (2005) T. II, p. 527; Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1074; y, Correa y Reyes (2011) p. 93. Academia.edu uses cookies to personalize content, tailor ads and improve the user experience. ). 157-182. 48 También v. Ministerio Público con González (2010); Ministerio Público con Vergara (2006); sentencia del Juzgado de Garantía de San Antonio, RUC Nº 1100808115-K, de 14.12.2011; Ministerio Público con Espina (2013) y RUC Nº 1200275891-K, de 23.01.2013; Ministerio Público con Caris (2013), Salinas con Carrasco (2013) y Sánchez con Moreno (2013); sentencia del Juzgado de Garantía de Linares, RUC Nº 1200229 Ministerio Público con Ferrada (2013); Carabineros de Chile con Araya (2013); y Ministerio Público con Opazo (2009). Y, en cuanto al segundo extremo sujeto a control judicial, esto es, que la sanción solicitada por el Fiscal no sea superior a una pena privativa de libertad de cinco años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, o bien cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, sin perjuicio de lo que luego expondremos, la acotada prescripción del legislador en principio aparenta limitar este control judicial a una mera constatación formal de la conformidad de la pena solicitada por el Fiscal a los límites punitivos indicados67, sin atender a si dicha sanción se ajusta a una plausible calificación jurídica de los hechos plausiblemente reconstruidos a la luz del resultado de la investigación. 18 Alschuler (1968-69) pp. Empero, el Juzgado de Garantía no está vinculado a la calificación jurídica de los hechos propuesta por el MP en su acusación, y el límite de pena de la sentencia estará dado en este supuesto por la pena mayor solicitada por el querellante, según prescribe el artículo 412 del CPP76. Mcdonald (1986-87) p. 203, n. 2; Rodríguez (1997) p. 68; y, Pizzi (2004) p. 213. b) Segundo supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena superior a la pretendida por el MP, pero inferior a cinco años y un día de presidio o reclusión menores en su grado máximo, basándose en los mismos hechos de la acusación del MP, pero proponiendo una calificación jurídica de los hechos, atribuyendo una forma de participación, o señalando circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación. El overcharging generalmente va de la mano con lo que se ha denominado como bluffing, esto es, tratar de hacer aparecer la evidencia de una acusación muy sólida, cuando en la realidad no lo es tanto, ello con el propósito de dar la impresión de que en el juicio se obtendrá una sentencia condenatoria segura, de modo que el acusado crea como conveniente cualquier pacto que ofrezca la acusación por mínima que sea la rebaja ofrecida19. En el sistema de justicia penal chileno este principio se consagra en el artículo 166, inciso 2°, del Código Procesal Penal (en adelante, CPP) y, de ese modo, la investigación se iniciará de oficio cuando el Ministerio Público (en adelante, MP) tomare conocimiento de la existencia de un hecho que revistiere caracteres de delito. Ministerio Público con Varas (2008): Juzgado de Garantía de Santa Cruz, RUC Nº 0800592523-2, de 15 de julio del año 2008. También nuestra jurisprudencia, en sentencia de la Corte Suprema, Barahona Larenas (2006); Corte de Apelaciones Herrera con Romero (2006); y Valencia con Abarca (2006). Lo arriba razonado creemos puede calzar con otras dos situaciones específicas donde la rebaja de pena debiera quedar entregada facultativamente a la discreción del tribunal. Principio acusatorio y determinadas garantías procesales (el deber de correlación). Estos hechos fueron calificados correctamente por el MP como robo con violencia e intimidación, sin embargo, en la audiencia de preparación del juicio oral, sin modificar los hechos, ahora se califican erróneamente como robo por sorpresa, a fin de someter su juzgamiento bajo las normas del procedimiento abreviado. La convergencia entre proceso civil y penal ¿Una dirección adecuada? Becker, Howard (2009): Outsiders: hacia una sociología de la desviación (Buenos Aires, Siglo Veintiuno). 16 v. Mera (2004) p. 253; Horvitz (2005) T. II, p. 522; y, Del Río (2009b) p. 75. 35, Nº 1: pp. 9 v. Damaska (2010) p. 86. En la causa RUC Nº 1000736623-5, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, se presentó acusación por los siguientes hechos: "(...) en circunstancias que la víctima (...) efectuaba sus labores como repartidor de la empresa Coca Cola conduciendo el camión (...) detuvo la marcha para entregar bebidas, momentos en los cuales el imputado (...) procedió a subirse a las pisaderas de la puerta del costado izquierdo del camión portando en una de sus manos un cuchillo de regular tamaño, con el cual lo intimidó, colocándoselo a la altura del cuello, instantes en que le exigía la entrega de dinero, manifestándole con groserías que le entregara la plata si no lo mataba, situación que fue observada por uno de los peonetas, el cual, salió en defensa de la víctima, lo que provocó que el imputado huyera del lugar, ingresando sin la autorización de su propietario (...) al domicilio ubicado en calle Plumerillo Nº 6390, siendo detenido por los funcionarios policiales en el interior del inmueble". Ministerio Público con Varas(2009): del Juzgado de Garantía de Valdivia, RUC Nº 1100289676-3, de 12 de septiembre del año 2011. Medina, Gonzalo (2009): "Sobre la determinación de pena y el recurso de nulidad en la ley 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente", Revista de Estudios de la Justicia, Nº 11: pp. En este contexto, es usual que el MP incluya ya en el petitorio de la acusación de procedimiento abreviado o del requerimiento de procedimiento simplificado (ya sea como pena originalmente solicitada o resultado de la negociación con el imputado y su defensa) el influjo del artículo 68 bis del CP, esto es, considerar alguna atenuante como muy calificada, lo que conlleva el efecto extraordinario de rebajar en un grado la pena, no obstante que dicha calificación está entregada por la ley a la discreción del juzgador46 y, por tanto, no puede anticiparse en la pretensión punitiva del Fiscal47. El principio de obligatoriedad supone que los contratantes están obligados a cumplir lo estipulado en el contrato. Ministerio Público con Núñez (2010): Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 1001051563-2, de 6 de diciembre del año 2011. Mientras, en causa Ministerio Público con Valenzuela (2009), se formaliza por el delito de robo en lugar habitado, y posteriormente se reformaliza, modificando los hechos y calificándolos ahora de delito de receptación, figura por la que en definitiva sanciona el Juzgado de Garantía con fecha 21 de enero de 2013 en procedimiento simplificado. 68 Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1083. Conde-Pumpido, Cándido (1989): "El principio de oportunidad reglada: su posible incorporación al sistema del proceso penal español", en VV.AA. Van Weezel, Álex (1997): "Compensación racional de atenuantes y agravantes en la medición judicial de la pena", Revista Chilena de Derecho, vol. Por otra parte, igualmente el MP, con los fines ya tan comentados, postula atenuantes sin respaldo o a todas luces no configuradas legalmente, como la reparación celosa del mal causado (artículo 11 Nº 7 del CP) mediante consignación de sumas ínfimas y desproporcionadas al daño ocasionado. Correa, Carlos y Reyes, Mauricio (2011): El procedimiento abreviado y la justicia criminal negociada. Sin embargo, la disposición de las partes no se ha frenado en el ámbito adjetivo, pues la imprevisión legislativa y la lagunosa regulación de esos procedimientos, ha dado pie a los operadores para disponer también del derecho penal material (delito-pena) mediante pactos sobre el contenido de la acusación –consenso sobre el mérito del proceso–. 6 Podría también entenderse que se presentan en el procedimiento monitorio (artículo 392 CPP), ya que este implica la autoincriminación tácita por parte del imputado, en el caso que no manifestare de cualquier modo fehaciente su falta de conformidad con la imposición de multa o su monto. Ministerio Público con Guzmán (2012): Juzgado de Garantía de Lautaro, RUC Nº 1210014562-4, de 14 de agosto del año 2012. Ministerio Público con Figueroa (2009): RUC Nº 0801059594-1, de 23 de enero del año 2009. Maurach, Reinhart, Gössel, Karl, y Zipf, Heinz (1994): Derecho Penal. El principio de legalidad, se encuentra proclamado en el art.25 de la Carta Magna -EDL 1978/3879- al disponer que «nadie podrá ser condenado o … Webmatch case limit results 1 per page. 643 - 686] Sistema acusatorio de … 41 Se constata el tránsito desde el delito de amenazas a la falta del artículo 494 Nº 4 del CP, en Ministerio Público con Zapata (2012), Ministerio Público con Contreras (2012) y Blanco con Arguedas (2012); Hernández con Alarcón (2012); Cifuentes con Yáñez (2012); Ministerio Público con Guzmán (2012); y, Ministerio Público con González (2010). Sobre labeling approach, v. Hassemer (1984) pp. 53 Sosteniendo, con la minoría de la doctrina, la obligatoriedad de la rebaja de pena por concurrencia de circunstancias atenuantes, Mañalich (2010) pp. Si la Fiscalía no efectuara esta dimisión, no habría un incentivo real para la abstención del acusado de ir al juicio oral, instancia donde la posibilidad de una absolución por incomparecencia de testigos, retractación o desinterés de la víctima, o los más variopinto motivos, es altamente probable. 51 v. Van Weezel (1997) p. 470; Garrido (2001) T. I, p. 322; Etcheberry (2001) T. II, pp. Al estimar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, ROL Nº 997-2007, de 24 de mayo de 2007 que dicha pretensión particular era fundada, conforme al artículo 414 del CPP, invalidó tanto la sentencia definitiva como la audiencia de procedimiento abreviado, ordenando la realización de la audiencia de preparación de juicio oral74. B. Cury, Enrique (2005): Derecho Penal. 7.-. La calificación jurídica prescinde del hecho de la acusación, y la incorrecta modificación de la calificación jurídica de la acusación a través de la degradación de esta. 79 Maturana y Montero (2010) T. II, p. 1083, confirman la imprevisión de un derecho a oposición del querellante en los términos del procedimiento abreviado. )", en Temas actuales y permanentes del Derecho penal después del milenio (Madrid, Tecnos) pp. Sorry, preview is currently unavailable. Maturana, Cristián y Montero, Raúl (2010): Derecho Procesal Penal (Santiago, LegalPublishing, T. I y II). el tránsito de hurto consumado a frustrado21–, de suerte que el encuadre jurídico del material fáctico de la acusación no puede perderse de ese norte e inflarse por el MP precaviendo las utilidades que ello le reportará en una eventual negociación, y por otro lado, confiándose que de no prosperar esta, será corregida por el tribunal en su fallo. de Derecho Procesal) pp. Web7. 126-129. Ministerio Público con Opazo (2009): Juzgado de Garantía de Colina, RUC Nº 1201272323-5, de 24 de diciembre del año 2012. Parte General (Santiago, Universidad Católica de Chile, séptima edición). Tagle con Fuster (2010): 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RUC Nº 0700454268-6, de 15 de enero del año 2010. Web1. (Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Marcial Pons). Pizzi, William (2004): Juicios y mentiras (trad. Ruiz, Enrique (1994): El Principio Acusatorio y su Proyección en la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo (Madrid, Actualidad Editorial). El tribunal en su fallo no se pronuncia sobre la concurrencia de esta agravante no obstante que deniega beneficios de la Ley Nº 18.216 fundándose en las condenas anteriormente impuestas al requerido por diversos delitos que legalmente permiten configurar la agravante omitida43. VI. Incentivo punitivo en el procedimiento simplificado de resolución inmediata. ", en Centro de Documentación Defensoría Penal Pública. Prosecutorial discretion and the guilty plea (Louisiana State University Press). ), "en grado de tentativa" (sic. La concatenación de los apartados desarrollados anteriormente en este capítulo pone en evidencia la necesidad de contar con un definido y robusto control judicial que examine la legalidad de las modificaciones al requerimiento o acusación efectuado por el MP en el marco de las negociaciones llevadas a cabo en el procedimiento simplificado de resolución inmediata y en el juicio abreviado, antes de dictarse sentencia56. 43 También se aparta la agravante del artículo 12 Nº 16 del CP de la acusación o requerimiento, según consta en la sentencia Ministerio Público con Varas (2008); sentencias del Juzgado de Garantía de Coquimbo, RUC Nº 0600002316-5, de 23.01.2007, Ministerio Público con Madariaga (2009), Villanueva con Sánchez (2010) Ministerio Público con Ardiles (2012); Ministerio Público con González (2012); Ministerio Público con Vergara (2006); Ministerio Público con Galarce (2012); sentencia del Juzgado de Garantía de San Antonio, RUC Nº 1100808115-K, de 14.12.2011; Ministerio Público con Espina (2013), y RUC Nº 1200275891-K, de 23.01.2013. Principio de presunción de inocencia. Este caso es el expresamente reglado en los artículos 408 y 410, inciso 2°, del CPP, disponiéndose que de estimar el tribunal fundada la oposición del querellante, deberá rechazar la solicitud de procedimiento abreviado y dictar el auto de apertura del juicio oral. En causa RUC Nº 1300108869-0, del 2° Juzgado de Garantía de Santiago, sentencia de 30 de enero de 2013, el MP presenta requerimiento por el delito de hurto, considerando la agravante del artículo 12 Nº 16 del CP (reincidencia específica), la que posteriormente retira para el caso de admisión de responsabilidad del imputado, lo cual sucede. Obligatoriedad de los procedimientos establecidos por la ley Este mandato excluye la posibilidad de que los sujetos procesales convengan libremente los … 3. Esta alteración no fue prevenida ni impedida por el Tribunal, que condena al hechor en base a la calificación propuesta únicamente a una multa de 5 UTM –obviando la pena privativa de libertad asignada en la ley–, y suspendiendo además su pago conforme al artículo 398 del CPP –en patente contradicción con este último precepto que permite tal resolución solo respecto de las faltas–. 60 En este caso, se tendrán por no formuladas las acusaciones verbales realizadas por el Fiscal y el querellante, lo mismo que las modificaciones que, en su caso, estos hubieren realizado a sus respectivos libelos (artículo 407, inciso final, del CPP). Chahuán, Sabas (2007): Manual del Nuevo Procedimiento Penal (Santiago, LexisNexis, tercera edición). WebEn este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe … El Nuevo Proceso Penal Chileno (Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dept. Etcheberry, Alfredo (2001): Derecho Penal. Sánchez con Moreno (2013): 9° Juzgado de Garantía de Santiago RUC Nº 1000549851-7, de 27 de enero del año 2013. 81-84. * **Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. Parte General (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, T. II, tercera edición). 55 Más aún si, como sentencia Etcheberry (2001) T. II, p. 191, el artículo 69 del CP es "un precepto imperativo para el sentenciador, de modo que este está obligado a consignar en su fallo la forma en que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo". Reforma Judicial Revista Mexicana De Justicia, Revista de la Justicia Penal N° 11 (2017), Editorial Librotecnia, Comentarios sobre la procedencia de comunicar la decisión de no perseverar por parte del ministerio público, sin que la investigación esté cerrada y formalizada de …, 27 MANUAL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO CHIHUAHUA con graficos, CEDULA 18 MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL PROCESO, 1 SABAS CHAHUAN SARRAS manual del nuevo procedimiento penal, La acción penal y la víctima en el Derecho chileno, El valor de las sentencias condenatorias penales del nuevo derecho procesal penal en materia civil, Procedimiento abreviados CPPN Mariano Juarez, CODIGO PROCESAL PENAL COMENTADO - FRANCISCO D´ALBORA, Estatuto de las libertades en el proceso penal chileno a trece años de vigencia del sistema acusatorio, REFLEXIONES EN TORNO A LA PRODUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LOS JUICIOS ORALES Y SU INCLUSIÓN EN LA SENTENCIA CAPÍTULO I: IDEAS PRELIMINARES SOBRE LA PRUEBA, El papel del Ministerio Público en la reforma procesal penal chilena, DERECHO PROCESAL IV 2016 LOS PROCEDIMIENTOS PENALES, APUNTES SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL OBJETO DEL PROCESO PENAL (2014), I. EL NUEVO PROCESO PENAL 1. 102, 134-135. Formas de incumplir el principio de obligatoriedad como las que hemos mencionado encuentran terreno fértil en el procedimiento simplificado de resolución inmediata y en el juicio abreviado6, al amparo de una regulación incompleta y confusa, carente de los controles judiciales necesarios para ponerle atajo. Ley Nº 18.216, de 14 de mayo de 1983, Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Pero la víctima no solo se encontrará habitualmente con un acusador público con intereses contrarios a los que ella persigue, sino que, para que sus pretensiones tengan alguna posibilidad de fortuna, requerirá asesoría letrada, carga no baladí si se considera que por tratarse en general de delitos menores, usualmente no estará dispuesta a asumir las expensas de servicios profesionales para conseguir una pena superior a la buscada por el MP, ya que en todo caso, una condena, con indiferencia de su quantum, le facilita igualmente demandar la responsabilidad por los daños causados en sede civil (artículo 178 del Código de Procedimiento Civil). Ministerio Público con Valenzuela(2009): Juzgado de Garantía de Los ángeles, RUC Nº 1201140366-0, de 16 de noviembre de 2012. La justicia penal en Europa y América ¿Un camino de ida y vuelta? de Derecho Procesal) pp. Letelier con Rencoret (2010). RESUMEN: En este artículo se constata que la regulación nacional no contempla, respecto de los procedimientos basados en la autoincriminación, adecuados controles procesales sobre el obligatorio ejercicio de la acción penal conforme a la legalidad sustantiva que debe impulsar el Ministerio Público por imperativo legal, lo que deja como resultado, múltiples, extendidos e importantes espacios para el abandono o degradación de su ejercicio de manera discrecional, invirtiéndose con ello el modelo original de la codificación procesal, al desplazar, en el campo forense, la discrecionalidad a la obligatoriedad como regla en la persecución criminal. Ministerio Público con Gómez (2008): Corte de Apelaciones de Rancagua, ROL Nº 186-2008, de 2 de junio del año 2008. 79-80, menciona estos principios como limitaciones a las negociaciones llevadas a cabo en el marco del procedimiento abreviado, agregando la vigencia de la presunción de inocencia y la carga (formal) de la prueba sobre la acusación. * Doctor en derecho, Universidad de Chile (2014); Magíster en Derecho, Universidad de Talca (2008); Licenciado en ciencias jurídicas y sociales, P. Universidad Católica de Chile (2001); profesor de la Escuela de Derecho, Universidad Católica Silva Henríquez, Dirección postal: General Jofré 462, Santiago. WebTraducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-inglés de Reverso Context: Una ley de octubre de 1985 establece el principio de obligatoriedad de … 1. 185-187; Matus y Van Weezel (2003) pp. 1. Díez-Picazo, Luis María (2000): El poder de acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo (Barcelona: Ariel). También, Ministerio Público con Gómez (2008). Key words: Discretion, mandatory prosecution, criminal proceedings. En consonancia con lo expuesto, ha devenido en un lugar común para nuestra doctrina iusprocesalista, exigir una suficiencia razonable de los antecedentes para respaldar los hechos de la acusación en este examen de admisibilidad –lo que no se demanda en el procedimiento ordinario–, es decir, que exista al menos un antecedente, aunque sea sucinto, para comprobar cada elemento de la acusación64. Escrito el 26 de Octubre de 2021 en español con un tamaño de 12,41 KB. Vincent. Ministerio Público con Roa (2013): Juzgado de Garantía de Linares, RUC Nº 1000966124-2, de 22 de enero del año 2013. Destaquemos inmediatamente que el texto transcrito excluye la modificación discrecional de la pena pretendida por el acusador y sujeta la realización de esta a las reglas generales, con lo que pareciera hacer una remisión al párrafo IV, del título III del libro I del CP, que gobierna la determinación legal y judicial de las penas, acotando con ello el campo de acción de la negociación al juego de la operatividad de dichos preceptos. Schünemann, Bernd (2002): "¿Crisis del procedimiento penal? Oberg, Héctor (2000): "Justicia penal negociada", en VV.AA. d) Cuarto supuesto: el querellante requiere en su acusación una pena de cinco años, o menos, de presidio o reclusión menores en su grado máximo, en base a hechos distintos de la acusación del MP –pero comprendidos en la formalización–, que conllevan una calificación jurídica de los hechos, atribuir una forma de participación, o la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal diferentes de las consignadas por el fiscal en su acusación.

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